La tecnología está muy arraigada en la vida cotidiana y se desarrolla y moldea constantemente en la sociedad. Por eso es difícil estar al tanto de ciertas normas o de sus verdaderos efectos.
La adaptación siempre es necesaria, especialmente en esta era moderna. Sin embargo, hacerlo también puede presentar algunas implicaciones. Esta adaptación a la tecnología y a su papel en la sociedad moderna también se vio impulsada por la pandemia de COVID, ya que obligó a muchos servicios públicos a reconvertirse u ofrecer alternativas en línea.
Muchos hicieron lo que pudieron para adaptarse, pero este cambio no tenía precedentes. Muchos servicios públicos afrontaron este reto con los recursos y conocimientos de que disponían, y el sistema judicial no fue ajeno a este cambio.
A los tribunales judiciales no les quedó más remedio que adoptar la tecnología y depender cada vez más de ella, junto con el resto de los servicios públicos. En general, la tecnología promete accesibilidad y comodidad. Sin embargo, también pone de manifiesto las desigualdades presentes en la sociedad. Concretamente, éstas están relacionadas con los ingresos y la falta de acceso a dispositivos y conexiones seguras a Internet.
Esto plantea una cuestión para los miembros de la sociedad que sufren de forma desproporcionada la pobreza o la falta de acceso a la educación.
¿Qué problemas sociales plantea la omnipresencia de la tecnología?
Esta desigualdad también es evidente en el sistema judicial, ya que los usuarios que no disponían de un servicio de internet fiable, en contraste con sus compañeros que sí lo tenían, sufrían dificultades para acceder a los recursos judiciales.
Los problemas sociales no se limitan a las desigualdades. En esta era moderna, también es fácil que la tecnología desempeñe un papel en la capacidad de búsqueda. Esto ha suscitado preocupación por la creciente dependencia de la búsqueda por teléfono móvil, en concreto por la ética de la vigilancia por teléfono móvil.
Estas preocupaciones giran principalmente en torno a los datos y la privacidad.
La línea entre lo ético y lo no ético se difumina especialmente cuando se trata de casos judiciales y policiales, ya que se trata de un panorama legal en plena evolución. Puede ser difícil nombrar o revelar oficialmente la dependencia de esta tecnología en los expedientes judiciales debido a que las antiguas leyes judiciales no cubren adecuadamente esta dependencia.
La tecnología moderna no estaba prevista durante el desarrollo de las protecciones legales actuales. Por lo tanto, es fácil plantear cuestiones relativas a la legalidad de la vigilancia aérea o móvil.
Por ejemplo, ¿puede considerarse el espacio aéreo una entidad para la que es necesaria una orden de registro? ¿Es ilegal sobrevolar con drones una instalación privada si ha habido sospechas de actividad ilegal?
Resulta extremadamente difícil delimitar la legalidad en estas zonas grises, sobre todo si se tienen en cuenta sus efectos tanto en entidades gubernamentales como privadas.
Sin embargo, sólo cabe esperar que prestar más atención a esto pueda ayudar a allanar el camino de la legalidad para evitar un abuso de poder o de la privacidad.
