La fiscal: la primera funcionaria que procesó a un fiscal general por encubrir un feminicidio

Durante cinco años, Sayuri Herrera ocupó la posición más disputada de la justicia penal mexicana: la primera titular de una fiscalía creada exclusivamente para investigar el asesinato de mujeres en una ciudad donde la violencia de género no es excepción sino patrón estadístico. Los casos que persiguió no exigían rastrear criminales invisibles. Exigían confrontar a los funcionarios que ya habían decidido cómo habían muerto esas mujeres.

Yrma Lydya Gamboa tenía 21 años y era cantante de boleros y regional mexicano. La noche del 23 de junio de 2022, su esposo, el abogado Jesús Hernández Alcocer, de 79 años, le disparó tres veces en un salón privado del restaurante Suntory, en la Colonia Del Valle, frente a comensales que escucharon las detonaciones sin entender todavía lo que acababa de ocurrir. El perpetrador fue detenido en el lugar. Cuatro meses después murió de un infarto cerebrovascular en el Reclusorio Norte, antes de que el proceso judicial llegara a su término. El arma homicida salió del restaurante en manos de un chofer que desapareció durante tres años por las calles del sur de la ciudad, protegido por una cadena de complicidades que la docuserie reconstruye con acceso a registros de videovigilancia y geolocalización.

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El caso de Ariadna Fernanda define el núcleo forense más perturbador de la serie. La joven de 27 años fue hallada sin vida el 31 de octubre de 2022 en la carretera La Pera-Cuautla, en el estado de Morelos. La Fiscalía de ese estado determinó que la causa de muerte fue broncoaspiración por congestión alcohólica. Cuando la Fiscalía de la Ciudad de México asumió la investigación y practicó una segunda necropsia, estableció que la causa real fue trauma múltiple. La contradicción entre ambos dictámenes periciales no era un error de procedimiento. Era el eje de una investigación que terminó con la detención del Fiscal General del Estado de Morelos, Uriel Carmona, acusado de hacer declaraciones falsas y de sostener presuntos nexos con el imputado, Rautel «N». Las cámaras de videovigilancia lo habían captado cargando a la víctima inconsciente hasta una camioneta. El análisis de sus comunicaciones digitales lo ubicó en contacto con Morelos antes de que el cuerpo fuera descubierto.

Lo que ese episodio reveló excede la casuística del crimen individual. En México, como en España durante el caso de las niñas de Alcàsser o en los procesos por feminicidio que sacudieron América Latina en los años noventa y dos mil, la violencia institucional no opera exclusivamente mediante omisión: opera mediante el lenguaje pericial, el certificado de defunción, la clasificación del delito. Reescribir la causa de muerte de una mujer asesinada es una forma de hacerla desaparecer por segunda vez. La serie documenta, con acceso sin precedentes al interior de la fiscalía, el momento en que ese mecanismo fue confrontado desde dentro del propio Estado.

La investigación del caso de Karen Itzel, estudiante de odontología, siguió una lógica distinta pero igualmente reveladora. Su madre sostuvo desde el principio que el crimen no podía haber sido obra de una sola persona. Esa hipótesis, desestimada inicialmente por los sesgos de investigación que Herrera había denunciado al asumir el cargo —la tendencia institucional a minimizar la violencia de género y a no investigar con perspectiva feminista—, derivó en un rastreo de evidencia material que condujo a una vivienda particular, a la familia del agresor y, finalmente, a una sentencia de más de cien años de prisión que alcanzó a quienes participaron en la desaparición del cuerpo.

El mérito de la producción radica en que no construye un relato desde la distancia del archivo. Las directoras Paula Mónaco Felipe, periodista de investigación, y Miguel Tovar, fotógrafo, estuvieron durante años dentro de la unidad de fiscalía que siguieron. El resultado no es una reconstrucción retrospectiva sino un documento casi en tiempo real: los expedientes abiertos, las disputas inter-jurisdiccionales, los laboratorios donde se debatieron causas de muerte, las audiencias donde esos debates encontraron resolución judicial o impunidad. La productora DetectiveMx, fundada por el periodista Diego Enrique Osorno, ha construido su trabajo a lo largo de una década sobre el principio de que el periodismo de largo aliento y el acceso institucional no son incompatibles, y que la documentación del Estado desde dentro puede ser la forma más incisiva de crítica.

Sayuri Herrera llegó al cargo con una trayectoria de litigio en derechos humanos: había representado a familias de desaparecidos de Ayotzinapa, a víctimas de tortura, a universitarias que denunciaban acoso institucional. Conocía el sistema desde el frente de quienes lo padecían. La tensión psicológica que la serie sostiene a lo largo de sus episodios no es la de un thriller de investigación sino la de una pregunta más difícil: qué cuesta intentar cambiar una institución desde adentro, qué es lo que esa institución finalmente le exige a quien la ocupa, y qué queda cuando el cargo termina.

Esa pregunta tiene en México una resonancia específica. La gestión de Herrera transcurrió durante los años de la marea feminista que tiñó de morado las columnas del Palacio Nacional, que ocupó instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que convirtió el 8 de marzo en la fecha de mayor movilización callejera en décadas. El debate sobre si era posible transformar el Estado desde dentro o si toda colaboración con las instituciones era capitulación atravesó esos años con una urgencia que la docuserie no elude. La serie no resuelve esa tensión. La documenta con honestidad forense.

La fiscal se estrena en Netflix el 26 de marzo de 2026 como serie documental limitada de tres episodios, dirigida por Paula Mónaco Felipe y Miguel Tovar bajo el sello DetectiveMx. Cuatro nombres de mujeres. Cuatro expedientes. Y un archivo que demuestra que en México la impunidad no siempre es silencio: a veces es un dictamen pericial firmado por quien tenía la obligación de encontrar la verdad.

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