La policía ya no puede pedirle a Google tu historial de ubicación sin orden judicial

Cada vez que activas la localización, Google registra dónde has estado. Hasta la semana pasada, la policía en Estados Unidos podía exigir esos datos para todos los dispositivos que hubiesen pasado por la escena de un delito sin necesidad de justificar la amplitud de la solicitud. Una decisión del Tribunal Supremo del 29 de junio, con seis votos a favor y tres en contra, cambió eso.

El caso gira en torno a Okello Chatrie, condenado por un robo a un banco en Virginia en 2019, en parte gracias a una orden de geovalla. El mecanismo funciona así: la policía solicita a Google los historiales de ubicación de todos los teléfonos dentro de un radio determinado alrededor de la escena del delito durante un intervalo de tiempo concreto. En el caso Chatrie, ese radio era de 150 metros. A partir del conjunto de identificadores anónimos obtenidos, los agentes van reduciendo la lista hasta dar con un nombre. Las comisarías estadounidenses llevan años usando estas órdenes, y hasta ahora no tenían prácticamente ningún obstáculo constitucional.

La magistrada Elena Kagan, redactando la opinión mayoritaria, determinó que las personas tienen una expectativa razonable de privacidad en los registros de ubicación de su teléfono, y que la policía vulnera ese interés protegido cuando exige esos datos, aunque sea por tiempo limitado y a una empresa tercera. Ese matiz es el núcleo jurídico del fallo. La denominada doctrina del tercero sostenía que los datos compartidos voluntariamente con una empresa pierden su protección constitucional. El Tribunal rechazó esa lógica para los historiales de ubicación de precisión.

La sentencia se construye directamente sobre Carpenter v. Estados Unidos, el fallo de 2018 que extendió la protección de la Cuarta Enmienda a los registros de torres de telefonía móvil. Las torres revelan en qué barrio estaba alguien. La base de datos Sensorvault de Google, que está detrás de las órdenes de geovalla, sitúa un dispositivo en cuestión de metros. La diferencia de precisión importa jurídicamente: cuanto más granular es el registro, mayor es la protección constitucional que merece.

Las implicaciones van mucho más allá de los casos penales. Las organizaciones de libertades civiles llevan años advirtiendo que las órdenes de geovalla pueden atrapar a cualquier persona que asistió a una manifestación, visitó una clínica de salud reproductiva, buscó asesoría jurídica de inmigración o entró en un lugar de culto, simplemente por estar en la misma zona geográfica. La protección constitucional de los historiales de ubicación hace esos rastreos masivos mucho más difíciles de sostener legalmente.

El fallo no prohíbe las órdenes de geovalla. La policía puede seguir presentando estas solicitudes, pero tendrá que justificar ante un juez el ámbito geográfico y la ventana temporal, y satisfacer los requisitos de especificidad y causa probable que exige la Cuarta Enmienda. Los rastreos masivos que capturan a cientos de personas no implicadas son ahora constitucionalmente vulnerables. El caso Chatrie fue devuelto a los tribunales inferiores para determinar si la orden concreta cumplía el nuevo estándar.

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