Google pierde su último recurso ante la UE: la multa de 4.100 millones de euros por Android es definitiva

El máximo tribunal europeo ha dictado sentencia y ya no existe posibilidad de recurso. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha desestimado el último recurso de Google contra una multa de 4.100 millones de euros por infracción de las normas de competencia, una de las sanciones más elevadas impuestas a una empresa tecnológica. Ocho años después de que los reguladores impusieran la sanción, la cuestión de si los acuerdos de Android de Google vulneraban el derecho de la competencia de la UE ha quedado resuelta de forma definitiva.

La infracción original giraba en torno a una práctica que miles de millones de usuarios de Android han vivido sin necesariamente haberle puesto nombre: la preinstalación. Google exigía a los fabricantes de móviles que deseaban acceder a la tienda de aplicaciones Play Store que se comprometieran a incorporar Google Search y Chrome en todos sus dispositivos Android. Los reguladores concluyeron en 2018 que este paquete otorgaba a los productos propios de Google una ventaja que los competidores no podían superar con independencia de la calidad de sus alternativas. El Tribunal General de la UE redujo ligeramente la sanción en 2022, de 4.340 millones a 4.100 millones de euros, pero mantuvo inalterada la constatación de ilegalidad.

El Tribunal de Justicia ha confirmado ambas conclusiones. En su fallo, el tribunal declaró que el tribunal inferior «no incurrió en error de derecho al apreciar los efectos anticompetitivos de las condiciones de preinstalación establecidas en los acuerdos sobre Android», y confirmó que el razonamiento en que se basa el importe de la multa era jurídicamente sólido. Google había alegado, en su último recurso, que la apertura de Android a la personalización de terceros significaba que sus condiciones de preinstalación no clausuraban la competencia. El tribunal no quedó convencido.

El fallo llega en un panorama muy distinto al que existía cuando se inició el caso. Google ha introducido desde entonces pantallas de elección en los dispositivos Android europeos que piden a los usuarios que seleccionen un motor de búsqueda predeterminado durante la configuración. La Comisión Europea había exigido esta medida como remedio de comportamiento. Si esas pantallas han cambiado materialmente el motor de búsqueda que los europeos utilizan en la práctica es una cuestión distinta y mucho más difícil: la inercia del valor predeterminado es muy poderosa y el usuario que selecciona activamente un motor alternativo representa una minoría pequeña de quienes completan los diálogos de configuración.

La respuesta de Google al fallo mantiene su posición original. «Android ofrece más elección para todos y apoya a miles de empresas», dijo la compañía. «Esta sentencia no reconoce nuestra importante inversión para garantizar que Android siga siendo abierto, interoperable y gratuito.» El argumento no carece de fundamento: el núcleo de código abierto de Android está disponible para cualquier fabricante sin estos acuerdos, y los acuerdos solo se aplican a la versión con licencia que incluye la Play Store. El criterio del tribunal es que en ese punto, el momento en que un fabricante necesitaba la Play Store para ser comercialmente viable, las condiciones ya eran coercitivas.

La tensión en el núcleo del caso no ha quedado totalmente resuelta con el fallo. La distinción entre agrupación legítima y vinculación anticompetitiva es una cuestión que se repetirá a medida que los asistentes de IA, los sistemas operativos y el hardware se interrelacionen más. La UE cuenta con herramientas reguladoras, la Ley de Mercados Digitales designa a Google como «guardián de acceso», pero los plazos de aplicación tienden a retrasarse respecto a la evolución del mercado.

La Comisión Europea podría ahora plantearse si los remedios de comportamiento aceptados en el caso original necesitan actualización, habida cuenta del despliegue de las pantallas de elección y la aparición de alternativas de búsqueda nativas de IA. Cualquier nuevo procedimiento partiría de la ventaja de tener una base jurídica firme y consolidada.

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