Finanzas y Negocios

Huawei afronta juicio penal en Nueva York mientras Xi prepara su encuentro con Trump

Victor Maslow

El gigante chino de las telecomunicaciones Huawei compareció ante el tribunal federal de Brooklyn para responder a unos cargos que tocan el núcleo de la rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China: crimen organizado, fraude bancario, evasión de sanciones y la presunta sustracción de secretos comerciales de cinco empresas tecnológicas estadounidenses. La compañía se ha declarado no culpable de todos los cargos. La selección del jurado comenzó seis días antes de que el presidente chino, Xi Jinping, tenga previsto reunirse con Donald Trump en Washington, lo que sitúa los calendarios judicial y diplomático en una trayectoria de colisión que ninguna de las dos partes puede controlar por completo.

El caso, que se sigue ante la jueza federal de distrito de EE.UU. Ann Donnelly, se prolongará previsiblemente unos tres meses. En su centro hay una presunta pauta de engaño que, según la fiscalía, se extendió por dos continentes: se acusa a Huawei de hacer negocios en Irán a través de una filial de Hong Kong llamada Skycom, canalizando transacciones y adquiriendo tecnología de origen estadounidense en violación de las sanciones de EE.UU. A la compañía también se le atribuye una conspiración de crimen organizado para robar secretos comerciales a rivales como T-Mobile, Sprint y Cisco; en algunos casos, según la acusación, mediante bonificaciones en efectivo a empleados que entregaban información de propiedad exclusiva. Por separado, la acusación formal imputa a Huawei el suministro de equipos de vigilancia que Irán utilizó para rastrear e identificar a manifestantes durante las protestas antigubernamentales de 2009 en Teherán. La empresa ha negado los cargos y ha rechazado los intentos de presentar sus vínculos con Skycom como cualquier cosa que no fuera un negocio legítimo.

Lo que está en juego en la economía real va más allá de cualquier veredicto. Huawei suministra infraestructura 5G a operadores de red en más de 170 países. Los gobiernos europeos que tienen en servicio equipos fabricados por Huawei llevan años sufriendo la presión de los servicios de inteligencia de EE.UU. para que aceleren los programas de sustitución, lo que añadiría miles de millones en inversiones de capital a unos operadores ya lastrados por unos costes de endeudamiento elevados. Una condena refuerza ese argumento político. Una absolución que llegue tras un proceso prolongado —o incluso un jurado sin acuerdo— lo complica y da alas a los gobiernos que se han resistido a retirar y sustituir los equipos por motivos de coste.

Lo que el juicio no puede hacer es alterar la trayectoria de Huawei en China. Desde que los controles de exportación de EE.UU. cortaron el acceso de la compañía a los chips más avanzados en 2020, Huawei y sus socios nacionales han reconstruido sistemáticamente un ecosistema tecnológico paralelo. La empresa lanzó un teléfono compatible con 5G en 2023 con un chip fabricado por SMIC, la fundición de semiconductores respaldada por el Estado chino, un avance que se adelantó años a lo que los controles de exportación pretendían permitir. La brecha tecnológica es real, pero se está estrechando. El caso del DOJ, que tardó cinco años en llegar a juicio, lleva ante los tribunales a una empresa que ya no depende de los semiconductores estadounidenses como antes.

La dimensión diplomática sigue siendo acuciante. La reunión del 24 de septiembre entre Xi y Trump será la primera desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, y se espera que la política comercial y tecnológica domine la agenda. Los dos gobiernos llevan meses mostrando disposición a negociar sobre controles de exportación, tierras raras y política de semiconductores. Cualquier acontecimiento dramático en la sala —un testigo que mencione la coordinación del Estado chino, un documento que salga a la luz durante el contrainterrogatorio— podría cambiar al instante el tono de esas conversaciones. El tribunal sigue su propio calendario, pero el juicio no existe en un vacío diplomático.

El caso tiene su origen en informaciones de Reuters de 2012 y 2013 que documentaban los vínculos de Huawei con Skycom. En 2019 se hizo pública una acusación penal; la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, fue arrestada en Vancouver ese mismo año y permaneció detenida casi tres años antes de regresar a China en un canje de prisioneros en 2021. El juicio corporativo en su conjunto, que llega cinco años después, permite al sistema legal completar un arco que el panorama diplomático y comercial ya ha dejado muy atrás.

La selección del jurado comenzó el 8 de septiembre. No se espera un veredicto antes de diciembre, si es que llega según el calendario previsto del juicio.

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