Apple rebaja al 15% su comisión por pagos fuera de la App Store, pero será el juez quien fije el precio

Durante la mayor parte de su existencia, la App Store ha sido un lugar donde Apple imponía las condiciones y todos los demás las aceptaban. Ese acuerdo está llegando discretamente a su fin, y esta semana ha quedado claro: la compañía ya no negocia tanto el precio de su propio escaparate como lo defiende, punto por punto, ante una jueza federal que ya la ha acusado de sortear las últimas normas que dictó.

El enfoque de buena parte de la cobertura es que Apple ha cedido, que ha suavizado su postura y ofrecido a los desarrolladores un acuerdo más favorable para las compras realizadas fuera de su sistema de pagos. Esa interpretación confunde una retirada con un regalo. La descripción más precisa es que una empresa acostumbrada a imponer las condiciones está siendo obligada a justificarlas, y la parte a la que debe convencer no son sus clientes ni sus desarrolladores, sino un tribunal que ha dejado de confiar en sus cálculos.

La cuestión gira en torno a la transacción mediante enlace externo: un usuario pulsa un enlace dentro de una aplicación, llega al sitio web del propio desarrollador y paga allí, a través de una infraestructura que Apple ni aloja ni opera. La posición de Apple es que incluso esas ventas se benefician de su propiedad intelectual y merecen una compensación. Su nueva propuesta pide una comisión del 15% a los desarrolladores estándar, del 10% a las aplicaciones de sus programas de noticias, vídeo y miniaplicaciones y a las renovaciones de suscripciones, y del 5% a las empresas más pequeñas. Frente al 27% que Apple cobraba antes, es una rebaja real.

Pero, frente a la pregunta que realmente plantea el tribunal, puede ser irrelevante. La jueza, Yvonne Gonzalez Rogers, ordenó por primera vez a Apple permitir estos enlaces externos hace años; cuando Apple respondió aplicando una tarifa apenas inferior a su comisión estándar, consideró a la compañía en desacato y, durante un tiempo, le prohibió cobrar cantidad alguna. Un tribunal de apelación suavizó esa decisión, al aceptar que Apple tiene derecho a recibir algo por su propiedad, pero dejando en manos de la jueza la cifra crucial. Por tanto, el procedimiento actual no es una negociación de mercado sobre una tarifa competitiva. Es una fase de sanción, y Apple es la parte sancionada.

Ahí es donde Epic Games está redoblando su presión. Epic sostiene que, según el propio lenguaje del tribunal de apelación, una compensación limitada a los costes necesarios de Apple arroja una cifra defendible cercana a cero para una transacción que Apple no procesa. Apple replica señalando a Google, cuyas tarifas comparables por enlaces externos son más bajas y que, según indica, Epic ya aceptó. Es un anclaje hábil: tomar como referencia a un rival para hacer que el 15% parezca moderado. Pero el tribunal no está comparando a Apple con Google. Está juzgando a Apple por su propia conducta.

Lo que está en juego va más allá de este único expediente. La tarifa que apruebe la jueza se convertirá en el modelo operativo para la economía de los pagos externos en toda la App Store de Estados Unidos y, por extensión, en un factor determinante para el negocio de Servicios que Apple lleva años enseñando a los inversores a valorar como una renta anual. Una comisión fijada en Cupertino es una estrategia; una comisión fijada por una jueza que ha puesto en duda tu credibilidad es un pasivo con una cifra asociada.

Apple ha pedido llevar la disputa a una conferencia de conciliación, y tiene en espera ante el Tribunal Supremo una apelación contra la resolución de desacato subyacente. Pero los tiempos se estrecharon esta semana: los magistrados aceptaron escuchar esa apelación en el próximo periodo judicial, al tiempo que se negaban a suspender mientras tanto el procedimiento del tribunal inferior. El contador sigue corriendo y la jueza sigue escribiendo las reglas, hasta que el máximo tribunal diga lo contrario.

La empresa que antes no rendía cuentas a nadie sobre la economía de su tienda ahora tiene que presentar sus precios mediante una petición formal y esperar a que le digan si se sostienen. Eso, y no la bajada del 27% al 15%, es el ajuste de cuentas.

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