La UE descubrió que dependía de rivales para chips, fármacos y baterías. Ahora intenta recuperarlos

Cuando Europa no pudo fabricar sus propias mascarillas en 2020 y el gas ruso dejó de fluir tras la invasión de Ucrania, una pregunta se hizo políticamente inevitable: ¿qué industrias habían cedido silenciosamente los gobiernos europeos y a qué precio?

La respuesta de la UE lleva un nombre deliberadamente cauteloso: autonomía estratégica abierta. Acuñada alrededor de 2017 y convertida en principio rector de la segunda Comisión de Ursula von der Leyen, la doctrina establece una línea que el bloque se había negado a trazar: «tan abiertos como sea posible, tan autónomos como sea necesario».

La intervención avanza en tres frentes. La Ley Europea de Chips busca duplicar la cuota europea en la producción global de semiconductores hasta el 20% para 2030. La Ley de Materias Primas Críticas, aprobada en marzo de 2024, exige que la UE extraiga al menos el 10% y procese al menos el 40% de sus necesidades de litio, cobalto y tierras raras de forma doméstica. ReArm Europe, lanzado en marzo de 2025, compromete 800.000 millones de euros para una base industrial de defensa que se redujo durante tres décadas de recortes tras el fin de la Guerra Fría.

La cadena de suministro farmacéutica muestra con qué rapidez se forma la dependencia estratégica y con qué lentitud se revierte. El reportaje de MCM sobre la apuesta de Sandoz por repatriar la producción de antibióticos documenta un patrón que ahora se repite en semiconductores, baterías y capacidad informática; el superordenador JUPITER de Europa es tanto un ejercicio de soberanía como un proyecto científico.

El informe de competitividad de Mario Draghi, publicado en septiembre de 2024, puso precio a la brecha. Para cumplir sus propios objetivos industriales, climáticos y de defensa, la UE necesitaría cerrar un déficit de inversión anual de entre 750.000 y 800.000 millones de euros, aproximadamente el 4-5% del PIB. Ningún mecanismo presupuestario actual de la UE puede garantizarlo.

Los resultados concretos son desiguales. La planta de TSMC en Dresde avanza, pero Intel abandonó su instalación en Magdeburgo tras comprobar que 11.000 millones de euros en ayudas estatales alemanas no hacían viable el proyecto. Northvolt, llamada a anclar la industria europea de baterías, presentó concurso de acreedores en noviembre de 2024. China suministra el 87% de las baterías que compra la UE.

Los críticos señalan que varios instrumentos de autonomía estratégica chocan con los compromisos de la OMC y que Washington ha convertido la expresión en sinónimo de proteccionismo europeo.

La lógica subyacente es difícil de rebatir. La capacidad de Europa para regular la inteligencia artificial, imponer estándares climáticos o negociar tratados comerciales desde una posición de fuerza depende de si el bloque controla efectivamente las cadenas de suministro y la capacidad industrial que esas posiciones exigen. La autonomía estratégica es el argumento de la UE de que la soberanía, en el siglo XXI, es antes que nada una cuestión industrial.

La primera prueba real llega en 2026, cuando la planta de TSMC en Dresde comience la producción y la segunda ronda de financiación de la Ley de Materias Primas Críticas entregue sus decisiones.

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