La apuesta de 150.000 millones para liberar la farmacia occidental de China

La cadena de suministro farmacéutica funcionó durante treinta años con una lógica única: mover la producción allí donde la mano de obra y la regulación son más baratas, importar el producto terminado y trasladar el ahorro al consumidor. Esa lógica se mantuvo hasta que la COVID-19 interrumpió simultáneamente las rutas de envío y las instalaciones de producción asiáticas, y todos los gobiernos occidentales con escasez de medicamentos se encontraron haciendo la misma pregunta: ¿cuánto costaría traer la fabricación de vuelta?

Los ingredientes farmacéuticos activos, o APIs, son los compuestos químicos que dan a un medicamento su efecto terapéutico. Se fabrican de forma abrumadora en Asia. Solo el 9% de los fabricantes de APIs operan en Estados Unidos; China e India controlan juntas aproximadamente el 70% de la capacidad mundial. Para fármacos concretos, la concentración es aún más pronunciada: China representa el 95% de las importaciones estadounidenses de ibuprofeno, el 91% de la hidrocortisona y el 70% del paracetamol. India, que cubre más de la mitad de las recetas genéricas en EE. UU., obtiene a su vez hasta el 80% de sus propios APIs de China, lo que significa que una interrupción en la producción china afecta incluso a la cadena de suministro que aparentemente se diversifica para alejarse de ella.

La reubicación farmacéutica es la respuesta a ese riesgo de concentración. El término engloba un conjunto de políticas y decisiones empresariales orientadas a trasladar la producción de APIs y medicamentos de vuelta a instalaciones occidentales o de países aliados. El argumento económico no es la reducción de costes —la fabricación nacional es más cara que la asiática—. El argumento es la seguridad de suministro: la capacidad de dispensar una receta durante una interrupción logística, una tensión geopolítica o una pandemia.

La arquitectura legislativa tomó forma en 2025. La BIOSECURE Act estadounidense, aprobada como parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, restringe la contratación federal con determinadas empresas biotecnológicas chinas. La Ley de Medicamentos Críticos de la Unión Europea creó un marco para Proyectos Estratégicos en la fabricación farmacéutica de la UE, con acceso a permisos acelerados y fondos como InvestEU y Horizonte Europa. Los APIs de antibióticos generaron una presión especial en ambos continentes, una dinámica que nuestro reportaje anterior sobre el caso Sandoz ante Bruselas analizó en detalle.

Las promesas empresariales llegaron con rapidez. Eli Lilly anunció 27.000 millones de dólares para expandir la producción doméstica de APIs e inyectables estériles. En el conjunto del sector, las principales compañías farmacéuticas se han comprometido con casi 150.000 millones de dólares en inversiones de fabricación en EE. UU. en la próxima década.

La tensión es estructural: la reubicación transfiere el coste en lugar de eliminarlo. Los medicamentos genéricos cuestan lo que cuestan porque la fabricación se trasladó a la ubicación más barata disponible. Devolverla a un coste mayor implica que ese coste aterrizará en algún punto: en los presupuestos de contratación pública, en las primas de los seguros o en lo que pagan directamente los pacientes. La economía ya contestada de los precios farmacéuticos — el debate sobre el precio del Ozempic condensó las tensiones del sector en una sola molécula — no se simplificará cuando la fabricación nacional añada otra capa de coste.

La capacidad de fabricación farmacéutica tarda años en construirse. La voluntad política de pagar una prima por la seguridad de suministro tiende a durar únicamente mientras se recuerda la escasez que la motivó.

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